En Galicia, los montes parecen un rompecabezas de cientos de propietarios, la gestión forestal es un reto enorme. La dispersión de la propiedad —el famoso minifundismo gallego— ha sido durante décadas uno de los principales obstáculos para hacer rentable el monte. En este contexto, las Agrupaciones Forestales de Gestión Conjunta se presentan como un instrumento pensado para unir esfuerzos sin perder derechos, y demostrar que el monte puede gestionarse mejor cuando se hace de forma colectiva.
En esencia, una Agrupación Forestal de Gestión Conjunta es un acuerdo entre propietarios para gestionar juntos sus montes, como si fuera una única explotación forestal. La clave está en que no se cede la propiedad de las parcelas: cada persona sigue siendo dueña de su tierra, conserva los aprovechamientos que le correspondan y mantiene todos sus derechos sobre ella. Lo que se pone en común no es la parcela, ni su uso, ni sus frutos, sino la actividad de gestión forestal. Es decir, los trabajos, la planificación, las cortas, las repoblaciones o la comercialización se realizan de manera conjunta, bajo un mismo plan y una única dirección técnica.
Para ello, los propietarios se agrupan en una entidad jurídica común —normalmente una asociación sin ánimo de lucro— que actúa como gestora del monte colectivo. Este modelo permite reducir costes, profesionalizar la gestión y alcanzar una escala suficiente para que la explotación sea rentable.
Formar una Agrupación Forestal de Gestión Conjunta requiere un trabajo previo de investigación y planificación pues, para constituirla, es necesario definir, al menos, un polígono forestal o área de gestión conjunta que reúna estos requisitos:
- Que esté formado por parcelas de, al menos, tres propietarios distintos.
- Que alcance una superficie mínima de 10 hectáreas de fincas colindantes.
- Que, al menos, el 70 % de la superficie del polígono forestal pertenezca a propietarios que estén de acuerdo en formar parte de la agrupación. Es decir, puede haber hasta un 30 % de parcelas “enclavadas”, cuyos dueños no quieran participar o no hayan sido identificados (fincas vacantes). Este equilibrio permite crear unidades de gestión amplias sin depender del consentimiento unánime de todos los propietarios, algo casi imposible en Galicia.
El proceso para crear una Agrupación Forestal de Gestión Conjunta empieza con un análisis del mapa de parcelas catastrales, lo que posibilita conocer cómo está repartida la propiedad del monte en la zona. Sin embargo, el Catastro no permite el acceso a los datos de identificación de los titulares catastrales —las normas sobre de protección de datos personales lo impide—, así que la parte más importante del trabajo se hace sobre el terreno, hablando directamente con los vecinos. Hay que recorrer las aldeas, buscar los propietarios, informarles de la iniciativa y sus ventajas y preguntarles si quieren adherirse, así como solicitarles las referencias catastrales de sus fincas. No se necesita aportar escrituras ni documentos de propiedad, ya que no se transfiere la titularidad de las parcelas, lo que simplifica mucho el proceso.
Una vez alcanzado un acuerdo sobre el mínimo de superficie, ya se puede constituir formalmente la Agrupación e inscribirla en el registro administrativo correspondiente.
¿A qué se compromete el propietario? Unirse a una Agrupación Forestal de Gestión Conjunta no significa renunciar a la propiedad de las fincas, sino comprometerse a ceder su gestión forestal durante al menos 10 años. Durante ese tiempo, la agrupación se encarga de planificar, ejecutar y mantener las actuaciones forestales: reforestaciones, cortas, prevención de incendios, tratamientos silvícolas o comercialización de productos. A cambio, los propietarios se benefician de un acceso prioritario a subvenciones o ayudas públicas orientadas a llevar a cabo una gestión profesional, económica y ambientalmente sostenible, con la ventaja de que el monte generará ingresos y empleo sin que cada uno tenga que asumir los costes o las gestiones por su cuenta.
El objetivo de las Agrupaciones es claro: convertir el monte gallego en un activo rentable y bien gestionado. Sumando esfuerzos, se reducen costes, se accede a subvenciones y a mercados de mayor escala, se mejora la rentabilidad de las explotaciones y, sobre todo, se frena el abandono.
Además, esta figura ayuda a recuperar la función social y económica del monte, integrando a los propietarios en un modelo participativo que da vida al rural sin expropiar ni concentrar la tierra.
En el marco de la nueva cultura forestal propiciada por este instrumento, en 2024 se registraron en la Xunta de Galicia 5 Agrupaciones Forestales de Gestión conjunta y, en el año 2025, se solicitaron ayudas públicas por parte de una veintena de asociaciones de propietarios forestales para inscribirse como Agrupación Forestal de Gestión Conjunta. Una de estas asociaciones fue la Asociación para a Xestión dos Montes da Peroxa.